En el Consejo Seguridad de la ONU, la representante de Estados Unidos, Jennifer Locetta, aseguró que, a pesar de las conversaciones entre Trump y Petro, la preocupación sobre la "impunidad" para los grupos criminales se mantiene.

Locetta afirmó que las conversaciones de los mandatarios han sido "muy productivas", pero "estamos muy preocupados por la falta de estabilidad, por la violencia, por el cultivo de estupefacientes y el tráfico de drogas".

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Indicó la representante estadounidense que el enfoque de la administración Petro con algunos grupos puede "generar muchas preocupaciones y plantea también dudas sobre la impunidad para el terrorismo y otros crímenes graves". 

“El presidente Trump y el presidente Petro tienen conversaciones muy productivas, pero estamos preocupados por la falta de estabilidad, por la violencia, por el cultivo de estupefacientes y el tráfico de drogas. La administración Petro y el enfoque de la administración Petro con… pic.twitter.com/aMRLIfr7Hj

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 23, 2026

Estas palabras van de la mano con lo dicho por el Secretario General de la ONU, António Guterres, quien destacó "avances" en la puesta en marcha del Acuerdo de Paz, pero alertó de la fragilidad de la seguridad en el país.

El representante especial de Guterres para Colombia, Miroslav Jenča, afirmó que la Misión de Verificación de la ONU reorganizó su trabajo según el último mandato aprobado el año pasado y que centra ahora su labor en la reintegración de excombatientes y la seguridad tanto de estos como de las comunidades en zonas afectadas por la violencia.

El diplomático informó de que la misión afronta 2026 con "cerca de 200 efectivos menos y un recorte presupuestario de casi 15 millones de dólares", pero que aún mantiene una "presencia esencial" sobre el terreno.

"Es clave contar con el apoyo continuo de los Estados miembros para cumplir plenamente el mandato", señaló.

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Jenča destacó la resiliencia de las comunidades que ha visitado en departamentos como Cauca, Nariño, Arauca o Norte de Santander, donde persisten "graves dificultades por la acción de grupos armados ilegales, la debilidad institucional y la falta de servicios básicos".

Sobre la reintegración, recordó que más de 11.000 excombatientes siguen vinculados a los programas oficiales, un proceso que calificó de "inversión necesaria para la paz", aunque "aún frágil".

Asimismo, alertó de que 487 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo, una cifra que calificó de "inaceptable", e instó a "reforzar las investigaciones y las garantías de seguridad".

Con información de EFE